La consejera de Salud, Catalina García, en su última comparecencia en el Parlamento de Andalucía.
La sanidad pública de Andalucía es un gigante que chupa gran parte del presupuesto público. Contaba un amigo mío un chiste: «¿Cuál es la diferencia entre la mafia y el SAS?». Y la respuesta: «Que la mafia está organizada»
Es cierto que, cuando hay un gran presupuesto, lo fundamental es que funcione bien: que las partidas de gastos no sean fraudulentas y que las compras de productos no vayan, como a veces me han dicho, a almacenes donde quedan apartados esos aparatos que se compraron (quizá con mordidas). Se trata de que sea un servicio público, que las personas estén atendidas, pues hay casos de personas que tienen que esperar años para ser operados: un hombre de Jaén espera dos años sondado para ser operado de próstata, como se denunció en este periódico.
Se trata de atender al usuario, evitando las aberraciones. Y si un dinero se dirige a la privada, esos conciertos deben dar resultados positivos. La sanidad pública andaluza ha querido adjudicar contratos a compañías privadas, pero, al parecer, no han disminuido sino que han aumentado las esperas a especialistas y quirófano. No estoy en contra de los convenios con clínicas concertadas, al revés, pero con resultados satisfactorios para el usuario.
Puertas giratorias
Siempre habrá envidias y críticas a los políticos, pero se trata de evitar cosas que no estén en el límite de la ética, y por desgracia hay la costumbre en España de que las puertas giratorias contaminen esa libertad y honorabilidad. Conocemos que algo de tanta tradición como eran las cajas de ahorros se hundieron por esa mala gestión de la casta política. Quizá el sistema constitucional impide que haya guerras civiles, pero el precio que estamos pagando hasta que se reforme es muy algo: criar una casta de zánganos donde la corrupción aparece cada año. Y aunque se peleen en el Parlamento, se entienden entre los grandes partidos para repartirse ese poder.
Un caso reciente de esas puertas giratorias es el de Miguel Ángel Guzmán, que ejerció como viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses. Menos de 100 días después de cerrar esa etapa política, fichó por Asisa, unas de las principales compañías aseguradoras sanitarias. El revuelo provocado por este nuevo caso de puerta giratoria es escandaloso y va unido a dudosos contratos que se han prorrogado por años a esa empresa. Dar dinero a Asisa no es malo, pero el modo sí, pues habría que licitar esos convenios para que se presenten los que lo deseen. Contratos que, al parecer, se han prorrogado con su visto bueno, aunque quien aparece en ellos es el gerente del hospital Virgen del Rocío, Manuel Molina, sin que nadie lo amoneste.
La consejera, Catalina García, afirma que la inversión de la Junta en sanidad es la más alta que ha habido y, a fines de año pasado, ha remodelado el SAS sin que sepamos por qué han dimitido dos de sus cargos, pero, en realidad, ya hemos dicho que uno de ellos era para pasarse a Asisa.
Listas de espera
Con el fin de los contratos a dedo al término del plazo de la pandemia, repuntaron los retrasos de asistencia médica, pero parece que, con el nuevo plan de choque, se están ya reduciendo las listas de espera diciendo que, de los 53.014 pacientes fuera de los plazos garantizados y 150 días de espera en la lista de espera para una intervención quirúrgica, se ha bajado hasta los 49.676, y se había reducido en tres días, hasta los 147, la espera media. Pero no se trata de que el mal sea menor, sino de poner los medios para que haya una atención adecuada. Naturalmente, eso significa tener criterio para operar al que lo necesita, que el personal sanitario tenga la formación oportuna, pues estaría bien que este año se operen los 342.000 andaluces que lo están esperando, pero, sobre todo, que haya un criterio para que no prevalezcan los caprichos sobre los casos necesarios, como el caso más arriba de la próstata.
En números totales, más de un millón de andaluces aguardan para pasar por el quirófano (205.005 pacientes), sumando a los que esperan para la primera consulta con el especialista (873.266).
Mayor cobertura dental
Personalmente, pienso que la Sanidad ha de evolucionar a una atención que incluya servicios como el de dentista, no sólo para extracciones sino también para arreglos básicos que, a la larga, evitan complicaciones de salud.
Bajas médicas
También las urgencias tienen que evolucionar pues hay una cultura de ir en determinados momentos y no en fines de semana. Me tocó ir una vez y, después de esperar, me dijeron que para otra ocasión avisara para no tener que esperar, lo cual da por supuesto que hacen esperar a muchos porque no son casos de urgencia. Algo de esto podrá mejorar si se atiende a las personas con celeridad en los centros de Atención Primaria. Y hay otra parte de cultura. Hace poco salía en TV que, en una población, de los 34 policías municipales, 33 estaban de baja laboral. Por amiguismo, muchos médicos dan la baja sin pensar que es dinero de todos el que se pierda con esas concesiones. Cuentan de un pueblo donde la mitad de la gente estaba con incapacidad por sordera, pero dejando bromas aparte, sí conozco casos en los que se iba alargando una baja por años sin motivo.
Los enchufados
Los casos de cómo se come el presupuesto público cuando no tiene dueño, es evidente y ha sido denunciado muchas veces por este periódico. Por ejemplo, los enchufados.
Para mí, el problema más grande no es la política, pues, al fin y al cabo, cierta participación tenemos en las votaciones. El problema es que los funcionarios son otra casta donde hay muchos con una vocación estupenda y otros que no hacen bien su trabajo ni cuidan la atención al usuario y que, si no cometen un crimen muy grande, no hay quien los remueva de su sitio. Esto es válido para todos los sectores de la administración pública, por muchas leyes de transparencia y buen gobierno que nos quieran vender. Hasta que no haya una evaluación eficiente del personal público, no tendremos la eficiencia necesaria.
Empatía imprescindible
Y pienso también que hay un problema estructural y es que, junto a personal sanitario de altísima vocación de servicio, hay también personal que no tiene una atención al usuario adecuada. Y eso significa que debería haber un sistema que, como cualquier empresa, se implemente para valorar el trabajo de las personas. No es ningún secreto que, en muchas comunidades autónomas, hay un porcentaje de bajas laborales muy alto entre sanitarios, y esto significa que debería haber un seguimiento de esas personas en recursos humanos para que trabajen a gusto. Los sindicatos son estructuras que protegen a trabajador en cuanto a aspectos laborales, pero, a nivel de satisfacción personal, no veo que haya una atención especial, sino que algunos centros sanitarios son casas sin dueño, sin esa empatía necesaria para la atención al público. Los usuarios del SAS no son un público cualquiera: requieren un trato especial, porque es su salud la que está en juego.
En resumen, se trata de conseguir una eficiencia más alta, a nivel estructural y a nivel personal (formación de los sanitarios y actitud proactiva de servicio), pues los que tienen seguro de clínicas privadas no dejan de ir a la pública cuando tienen cosas importantes. Digamos que la eficiencia de la sanidad pública española es alta, pero no se llega porque hace aguas. Tiene que mejorar la gestión. No se trata de que haya una oposición entre sanidad pública y privada, sino de que la gestión pública sea más eficiente.
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